Las actuaciones policiales y judiciales comenzaron a raíz de una serie de denuncias consecutivas presentadas por una mujer contra su expareja. En sus declaraciones, la víctima detalló haber sufrido reiterados episodios de violencia física y verbal por parte del agresor. Ante el riesgo inminente y con el fin de salvaguardar la integridad de la mujer, la Justicia dictó de forma urgente medidas cautelares de protección, incluyendo la prohibición de acercamiento y comunicación.
Haciendo caso omiso a las restricciones legales, el agresor —identificado como M.M.H.— violó las órdenes judiciales en diversas oportunidades. Lejos de deponer su actitud, el hombre protagonizó nuevos incidentes violentos e incluso ingresó de manera ilegal a una propiedad privada (fundo ajeno) donde se encontraba la víctima. Cada uno de estos desobediencias fue denunciado de inmediato y debidamente documentado por el personal policial actuante.
